Texto Cristina Vega Alonso Imagen Valinet
Raramente la palabra discapacidad es aplicada a realidades urbanas; ni siquiera su concepto es utilizado con la intención de fijar los parámetros adecuados y necesarios para evaluar su entorno como hostil o adecuado para la vecindad en su conjunto, como un indicador básico que nos permita analizar los avances de nuestro desarrollo.
Por el contrario, es un vocablo o adjetivo que únicamente acuñamos cuando nos referimos a aquellas personas que a causa de una enfermedad, de nacimiento o sobrevenida, o lesión por accidente, ven mermadas sus facultades físicas, psíquicas o mentales para realizar una vida normalizada.
Pero, intentemos dar la vuelta a esta definición y pongamos nuestro foco de atención en el entorno en el que la vida de esta persona se desenvuelve; fijémonos en nuestras calles, con sus acerados altos o bajos, sus pasos de peatones, con badenes adecuados o inadecuados, en la colocación de su mobiliario urbano, con sus señales, papeleras, alcorques, en sus semáforos, en los distintos pavimentos, en nuestros parques y jardines, con sus caminos y arbolado.
Observemos, aunque sólo sea por un instante, y como meros espectadores como si de una película se tratase, la organización de nuestro ocio con sus terrazas y bares, ¿habrá hueco de paso suficiente en el acerado?, veamos sus salas de espectáculo y teatros, y miremos sus entradas, si cuentan con escalones o rampas, si una persona con movilidad reducida puede acceder sin problemas.
Entremos también en sus cines, y comprobemos a qué distancia de la pantalla están colocadas las plazas reservadas para las sillas de ruedas, ¿aguantarán mis cervicales toda la película?.
Imaginemos también por unos instantes, que hemos quedado con un amigo para cenar en un restaurante, y esta persona va en silla de ruedas, ¿podremos entrar sin problemas en su interior? Si necesita ir al cuarto de baño, ¿lo hará sin barreras o necesitará de mi ayuda para salvarlas?
Cojamos un autobús y pidamos que se despliegue la rampa, ¿sale o no sale? Y si no sale habitualmente, ¿cómo explicaría esa circunstancia en mi trabajo cuando llego tarde?. Y si no puedo ver, ¿tendré algún mensaje de voz que me avise de las paradas?
Ahora, acudamos a realizar algún trámite. Si tengo una deficiencia auditiva, ¿sabrán al menos lo esencial en cuanto a mi lenguaje particular?, y si mi deficiencia es visual, ¿el camino de acceso al mostrador está expedito o está lleno de obstáculos? Y si voy en silla, ¿me verá el funcionario desde su puesto?, ¿y cómo alcanzo los documentos a rellenar?
Ahora, vayamos de compras, aunque bien pensado, hoy llueve, y si no puedo aparcar cerca porque las plazas reservadas están ocupadas indebidamente, me voy a calar hasta los huesos desde la parada de bus hasta el centro comercial en cuestión, ya que si llevo el paraguas abierto ¿con qué mano empujo mi silla de ruedas?.
Además, debido a mi falta de movilidad, el frío lo siento más en mis piernas y brazos.
Bien, ¡ya he llegado!, la verdad, ¡es un alivio que todas las grandes superficies hayan eliminado sus escalones de entrada! ¡Qué inteligentes! No así el pequeño comercio, ¡qué fastidio!
Y la compra en mi barrio, ¿cómo la hago?, ..., bueno, ¡por lo menos aquí me conocen!
Este podría ser el relato de cualquier persona con discapacidad, que denota la incertidumbre frente a sus posibilidades en cualquier ciudad española.
Sevilla, aunque si bien no escapa al mapa anteriormente reflejado, lleva desde 1999, con la entrada de un nuevo gobierno progresista, dando importantes pasos para revertir esta realidad material, implementando la aportación que las llamadas “minorías” pueden hacer al conjunto de la ciudadanía.
Así, diferentes medidas han venido a sumarse al impulso de modificación de nuestro entorno urbano y servicios; unas medidas recogidas en el PGOU de Sevilla, en TUSSAM, en los aparcamientos urbanos y en los de la zona azul, en la construcción de viviendas de VPO, en la modificación de los pasos de peatones, etc.
Nuestra población, como la del resto de las ciudades occidentales, experimenta un aumento del último tramo de su pirámide de edad, debido a una mayor longevidad y esperanza de vida. Según la OMS, cerca de dos tercios de la población serán de la tercera edad en un período cercano, con lo que el número de ciudadanos con discapacidad se verá también incrementado.
Este escenario forzará a los gobiernos, y especialmente locales, a actuar focalizando sus planes en la minimización de todos aquellos obstáculos que hagan más dependientes a las personas con cualquier tipo de disminución, eliminando los obstáculos y aplicando el “diseño universal” en la planificación del entorno y de los distintos programas y servicios..
También obligará a que los gobiernos planeen sus ciudades desde una visión más amplia y global, no mediatizada por el medio y corto plazo, entendiendo la accesibilidad como un derecho que ha de hacer efectivo a través del nuevo concepto de “Accesibilidad Universal”
Sevilla, con sus más de 707.765 habitantes, tiene una población cercana al 10% de personas con discapacidad, y de éstas el 70% ya ha cumplido 65 años. El grupo más numeroso corresponde al de personas con dificultad de movilidad 35`6%, un 3,3% son usuarias de silla de ruedas, le siguen las personas con dificultad de visión 22%, las personas con dificultad de audición 20,4%, con discapacidad auditiva total 2´4% y finalmente las personas ciegas con el 1´4%.
En este sentido, Sevilla ha sido un ejemplo para otras tantas ciudades a través del proceso de elaboración y su aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento del 29 de abril de este año de la llamada “Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal”.
Un proyecto que comenzó en julio de 2008, por indicación directa de nuestro Alcalde que decidió crear un grupo de trabajo que estudiara las posibilidades de regulación para imponer como norma la Accesibilidad Universal, entendiéndose por esta “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, presuponiendo la estrategia de «diseño para todos» y sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”.
Un proceso participativo, con representantes de más de 50 entidades: administración estatal, autonómica y local, sindicatos, constructores, colegios profesionales, asociaciones ciudadanas y, como no, del sector de las personas con discapacidad.
Tras más de dos años, jalonados por reuniones de trabajo, y con 280 alegaciones, se ha elaborado un documento final que nos llevará, a medio plazo, a contar con una herramienta potente de transformación de nuestra ciudad, al servicio también de sus segmentos más débiles.
Una nueva Norma que facilitará, aún más, el acceso a los lugares de trabajo y de esparcimiento; que mediará en los conflictos a través de las Juntas locales de Arbitraje específicas; que mejorará la movilidad de las personas con dificultades motóricas y de visibilidad, así como la de sus familiares y acompañantes; que mejorará los canales de información y comunicación de los ciudadanos con deficiencia auditiva o trastornos intelectuales.
Además de estos grandes apartados, el Ayuntamiento de Sevilla quiere poner el acento en la importancia de asegurar el cumplimiento de la norma, controlando y adaptando todas sus actuaciones a las mejoras de la técnica según se vayan produciendo, recogidas en su Artículo 49 como aquellas funciones de información, evaluación, supervisión y acreditación de la Accesibilidad Universal.
Aún queda trecho por recorrer en este sector, y dentro de él cabe destacar el reto más importante: que la propia Administración local vigile, impulse y cumpla lo que exige al resto de actores sociales, aplicando transversalmente, a través de todas las áreas municipales, los criterios adecuados en la edificación y el urbanismo, la movilidad y comunicación, la información y los servicios.
Una nueva Norma, en definitiva, que hará de nuestra ciudad, una ciudad más justa, que impulse al máximo la autonomía de las personas con limitaciones.
Una ciudad, en definitiva, menos discapacitada y más capaz, por extensión, de procurar el bienestar de toda su ciudadanía.
Mº Cristina Vega Alonso es Directora de la Agencia Local de la Energía y Coordinadora de la “Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal".
